El Gobierno ha optado por subir los impuestos como una posible solución a la fuerte caída de la recaudación en las arcas públicas, cuando existen soluciones más efectivas, como es la intensificación de la lucha contra el fraude fiscal, que aportaría cuantías de ingresos muy superiores a la de cualquier subida de impuestos, hecho este que siempre recae sobre los mismos; esto es, sobre los que ya pagan.
Recientemente se ha presentado el llamado Plan integral de prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social, con el que se pretende, no sólo atajar dicho fraude, sino la economía sumergida. Para valorar este nuevo Plan habría que remontarse al último antecedente, el último Plan de Prevención del Fraude Fiscal, vigente durante cinco años.
En su momento, los inspectores ya manifestaron que aquél plan de 2005 no serviría para combatir el fraude fiscal existente en España, porque tenía como objetivo mejorar el cumplimiento voluntario, o lo que es lo mismo, que los defraudadores se convencieran de que es mejor pagar, y, además, adolecía de dos defectos fundamentales: la falta de dotación de medios humanos y materiales y de las medidas legales y organizativas necesarias.
El Gobierno ignoró las advertencias que desde el colectivo les hicimos, y durante estos últimos años ha querido presentar los resultados obtenidos, basados en aspectos cuantitativos, como si fueran un éxito, cuando se trata de todo lo contrario, de un fracaso, si comparamos los resultados obtenidos con la cuantía del fraude existente, superior al 20% del PIB. Creo que nadie puede decir que la situación haya cambiado sustancialmente. Es más, en esta época de crisis, una de las causas que explican la gran diferencia existente entre los porcentajes de caída del PIB y de los ingresos fiscales es el aumento del fraude y de la economía sumergida.
El nuevo Plan adolece de los mismos defectos que el anterior, es decir, sigue en la línea de la prevención, y no contempla nuevos medios o medidas normativas u organizativas para llevarlo a cabo.
Pero ahora se entiende mucho menos esa falta de dotación de medios, ya que la economía sumergida hay que combatirla en la calle y no está, por supuesto, ni en las contabilidades de las empresas, ni en las bases de datos de los organismos públicos –por muy completas que puedan ser– por lo que, aunque la inspección escudriñe hasta el último dato de la información existente en esas potentes bases de datos, no se descubrirá a los que no figuran en ellas.
Los empresarios que tengan a trabajadores sin dar de alta, con sus sistemas de alerta y evasión en los polígonos industriales, por si aparece alguien extraño, o los titulares de actividades totalmente sumergidas, no les preocupará en absoluto este nuevo plan, cuando sepan que las medidas encaminadas a descubrirlos se centran, principalmente, en buscar rastro de su actividad en las bases de datos.
Medidas contundentes
A la vista de los resultados obtenidos hasta ahora, con los planes basados en la prevención del fraude, y de la gravedad de la situación actual, resulta incomprensible que no se adopten en este nuevo plan medidas contundentes y eficaces para combatir el fraude fiscal y la economía sumergida. Los Inspectores de Hacienda llevan años proponiendo algunas de ellas, sin que se hayan escuchado sus propuestas.
Sin duda, asistiremos en el futuro a una perfecta campaña publicitando los excelentes resultados obtenidos con la aplicación de este plan, que no se corresponderá con un cambio sustancial en la situación que diariamente todos vemos en la calle, por lo que habrá sido otro plan de marketing contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
Para combatir el fraude fiscal y la economía sumergida, los Inspectores de Hacienda llevamos años proponiendo medidas, algunas de las cuales se citan a continuación, que aportarían al Estado ingresos muy superiores a la de cualquier subida de impuestos.
La primera y principal medida se refiere al incremento de recursos humanos y materiales para combatir el fraude. Resulta incomprensible que los recortes presupuestarios afecten también a la Agencia Tributaria en un momento en el que, dada la situación de las arcas públicas, la obtención de mayores ingresos públicos es prioritaria.
Dichos recortes afectan tanto a los medios humanos como a los materiales, llegando al extremo de no disponer de presupuesto para desplazamientos, o de que inspectores, técnicos y agentes dediquen una parte importante de su tiempo a tareas burocráticas, ante la falta de personal administrativo. En este sentido, los inspectores propusieron un plan especial de actuación, ampliando el horario de los trabajadores de la Agencia que quisieran hacerlo de forma voluntaria, como medida excepcional y de carácter temporal, hasta que se pudieran ampliarse las plantillas, a través de las ofertas de empleo público, del personal destinado a la lucha contra el fraude.
La segunda medida se refiere a modificaciones normativas, entre las que destacan la reforma del delito fiscal, la creación de la policía fiscal para combatir el fraude delictivo y organizado, la modificación del régimen sancionador –agravando las sanciones por resistencia a la actuación de la Administración, o la falta de colaboración–, así como la creación de un régimen especial para determinados contribuyentes defraudadores, que dificultara la situación de impunidad de la que gozan actualmente.
Entre este conjunto de medias normativas sería necesario reformar el régimen de módulos, para evitar que se utilice para emitir facturas falsas, así como la aprobación de medidas más contundentes contra los paraísos fiscales, contemplando el agravamiento de las sanciones cuando se utilicen estos territorios para defraudar, el no reconocimiento de la personalidad jurídica a las entidades constituidas en dichos territorios, el establecimiento de un impuesto para las transferencias hacia/desde dichos territorios, o la prohibición de que las entidades bancarias tengan sucursales en dichos territorios.
Abandono de la investigación
Otro conjunto de medidas son las de tipo organizativo, que no tienen una importancia menor que las anteriores, ya que, con la filosofía predominante hasta ahora de la prevención del fraude, se han impuesto a la Inspección unos objetivos basados en comprobaciones numerosas y rápidas, que sólo descubren los incumplimientos más superficiales, abandonado la investigación, necesaria para descubrir el verdadero fraude.
Además, habría que reorientar los planes de inspección, abandonando las comprobaciones tradicionales en favor de la intensificación de las actuaciones contra el fraude organizado y la economía sumergida. Y, por otro lado, se deberían reorientar los objetivos de otras áreas de la Agencia, valorando, por ejemplo, la eficacia de destinar recursos y medios para controlar hasta el último euro de las rentas controladas, mientras los defraudadores más recalcitrantes se escapan.
Entre las medidas concretas para combatir la economía sumergida, habría que intensificar las actuaciones directas en la calle, haciendo peinados fiscales sobre el terreno, lo que resulta incompatible con el recorte de gastos que se ha producido en la Agencia. En segundo lugar, habría que sancionar el ofrecimiento de productos o servicios sin factura y sin IVA, para acabar con la alegría con la que se ofrecen, así como a los ciudadanos que efectuaran pagos de bienes o servicios sin exigir la correspondiente factura, salvo que comunicaran dicha circunstancia a la Administración.
En fin… que medidas efectivas para luchar contra el fraude y la economía sumergida existen, pero para ponerlas en marcha es necesario voluntad política.
Recientemente se ha presentado el llamado Plan integral de prevención y corrección del fraude fiscal, laboral y a la Seguridad Social, con el que se pretende, no sólo atajar dicho fraude, sino la economía sumergida. Para valorar este nuevo Plan habría que remontarse al último antecedente, el último Plan de Prevención del Fraude Fiscal, vigente durante cinco años.
En su momento, los inspectores ya manifestaron que aquél plan de 2005 no serviría para combatir el fraude fiscal existente en España, porque tenía como objetivo mejorar el cumplimiento voluntario, o lo que es lo mismo, que los defraudadores se convencieran de que es mejor pagar, y, además, adolecía de dos defectos fundamentales: la falta de dotación de medios humanos y materiales y de las medidas legales y organizativas necesarias.
El Gobierno ignoró las advertencias que desde el colectivo les hicimos, y durante estos últimos años ha querido presentar los resultados obtenidos, basados en aspectos cuantitativos, como si fueran un éxito, cuando se trata de todo lo contrario, de un fracaso, si comparamos los resultados obtenidos con la cuantía del fraude existente, superior al 20% del PIB. Creo que nadie puede decir que la situación haya cambiado sustancialmente. Es más, en esta época de crisis, una de las causas que explican la gran diferencia existente entre los porcentajes de caída del PIB y de los ingresos fiscales es el aumento del fraude y de la economía sumergida.
El nuevo Plan adolece de los mismos defectos que el anterior, es decir, sigue en la línea de la prevención, y no contempla nuevos medios o medidas normativas u organizativas para llevarlo a cabo.
Pero ahora se entiende mucho menos esa falta de dotación de medios, ya que la economía sumergida hay que combatirla en la calle y no está, por supuesto, ni en las contabilidades de las empresas, ni en las bases de datos de los organismos públicos –por muy completas que puedan ser– por lo que, aunque la inspección escudriñe hasta el último dato de la información existente en esas potentes bases de datos, no se descubrirá a los que no figuran en ellas.
Los empresarios que tengan a trabajadores sin dar de alta, con sus sistemas de alerta y evasión en los polígonos industriales, por si aparece alguien extraño, o los titulares de actividades totalmente sumergidas, no les preocupará en absoluto este nuevo plan, cuando sepan que las medidas encaminadas a descubrirlos se centran, principalmente, en buscar rastro de su actividad en las bases de datos.
Medidas contundentes
A la vista de los resultados obtenidos hasta ahora, con los planes basados en la prevención del fraude, y de la gravedad de la situación actual, resulta incomprensible que no se adopten en este nuevo plan medidas contundentes y eficaces para combatir el fraude fiscal y la economía sumergida. Los Inspectores de Hacienda llevan años proponiendo algunas de ellas, sin que se hayan escuchado sus propuestas.
Sin duda, asistiremos en el futuro a una perfecta campaña publicitando los excelentes resultados obtenidos con la aplicación de este plan, que no se corresponderá con un cambio sustancial en la situación que diariamente todos vemos en la calle, por lo que habrá sido otro plan de marketing contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
Para combatir el fraude fiscal y la economía sumergida, los Inspectores de Hacienda llevamos años proponiendo medidas, algunas de las cuales se citan a continuación, que aportarían al Estado ingresos muy superiores a la de cualquier subida de impuestos.
La primera y principal medida se refiere al incremento de recursos humanos y materiales para combatir el fraude. Resulta incomprensible que los recortes presupuestarios afecten también a la Agencia Tributaria en un momento en el que, dada la situación de las arcas públicas, la obtención de mayores ingresos públicos es prioritaria.
Dichos recortes afectan tanto a los medios humanos como a los materiales, llegando al extremo de no disponer de presupuesto para desplazamientos, o de que inspectores, técnicos y agentes dediquen una parte importante de su tiempo a tareas burocráticas, ante la falta de personal administrativo. En este sentido, los inspectores propusieron un plan especial de actuación, ampliando el horario de los trabajadores de la Agencia que quisieran hacerlo de forma voluntaria, como medida excepcional y de carácter temporal, hasta que se pudieran ampliarse las plantillas, a través de las ofertas de empleo público, del personal destinado a la lucha contra el fraude.
La segunda medida se refiere a modificaciones normativas, entre las que destacan la reforma del delito fiscal, la creación de la policía fiscal para combatir el fraude delictivo y organizado, la modificación del régimen sancionador –agravando las sanciones por resistencia a la actuación de la Administración, o la falta de colaboración–, así como la creación de un régimen especial para determinados contribuyentes defraudadores, que dificultara la situación de impunidad de la que gozan actualmente.
Entre este conjunto de medias normativas sería necesario reformar el régimen de módulos, para evitar que se utilice para emitir facturas falsas, así como la aprobación de medidas más contundentes contra los paraísos fiscales, contemplando el agravamiento de las sanciones cuando se utilicen estos territorios para defraudar, el no reconocimiento de la personalidad jurídica a las entidades constituidas en dichos territorios, el establecimiento de un impuesto para las transferencias hacia/desde dichos territorios, o la prohibición de que las entidades bancarias tengan sucursales en dichos territorios.
Abandono de la investigación
Otro conjunto de medidas son las de tipo organizativo, que no tienen una importancia menor que las anteriores, ya que, con la filosofía predominante hasta ahora de la prevención del fraude, se han impuesto a la Inspección unos objetivos basados en comprobaciones numerosas y rápidas, que sólo descubren los incumplimientos más superficiales, abandonado la investigación, necesaria para descubrir el verdadero fraude.
Además, habría que reorientar los planes de inspección, abandonando las comprobaciones tradicionales en favor de la intensificación de las actuaciones contra el fraude organizado y la economía sumergida. Y, por otro lado, se deberían reorientar los objetivos de otras áreas de la Agencia, valorando, por ejemplo, la eficacia de destinar recursos y medios para controlar hasta el último euro de las rentas controladas, mientras los defraudadores más recalcitrantes se escapan.
Entre las medidas concretas para combatir la economía sumergida, habría que intensificar las actuaciones directas en la calle, haciendo peinados fiscales sobre el terreno, lo que resulta incompatible con el recorte de gastos que se ha producido en la Agencia. En segundo lugar, habría que sancionar el ofrecimiento de productos o servicios sin factura y sin IVA, para acabar con la alegría con la que se ofrecen, así como a los ciudadanos que efectuaran pagos de bienes o servicios sin exigir la correspondiente factura, salvo que comunicaran dicha circunstancia a la Administración.
En fin… que medidas efectivas para luchar contra el fraude y la economía sumergida existen, pero para ponerlas en marcha es necesario voluntad política.
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